El PAN y la Corrupción

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¿Qué pueden hacer los partidos en casos de corrupción de sus militantes? Cuando se conoce es porque se difundió en los medios de comunicación, lo que conlleva un elemento más de dificultad: no se aportan pruebas, pero queda la percepción de algo ilegal. Note este detalle, es escaso, casi nulo, el número de denuncias penales presentadas por los partidos respecto a actos de corrupción de sus militantes.


Sentencia pública

Es fácil juzgar, desde la comodidad de la opinión pública sobre la culpabilidad o inocencia por la difusión de audios o imágenes que generan la idea de algo ilícito, o por comentarios que lo señalen como ambicioso y que gracias al dinero ha construido su carrera política; precisamente es el caso de Edgar Borja en el PAN, pero no es el único.

Desde 2013 se han hecho públicas denuncias de supuestos “moches”. Los señalados fueron, en principio, diputados federales panistas —incluido el entonces coordinador, Luis Alberto Villareal—, y más recientemente funcionarios de la presidencia municipal de El Marqués, en Querétaro.

El Partido se enfrenta a casos para los que no tiene armas y su reacción es, por decirlo suavemente, lenta, cuando no torpe. Su reglamentación interna sólo prevé la expulsión como sanción —aunque en el caso de Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, el tribunal electoral anuló el fallo— y pocas veces —o nunca—, recurre a denuncias de tipo penal para enmendar la situación.

Es evidente que los dirigentes panistas no tienen autoridad para corregir los excesos de gobernantes provenientes de sus filas. En una ocasión, Ana Rosa Payán —aún expanista— contó a un servidor que como Secretaria de Acción de Gobierno, vio los errores que cometía el presidente municipal de Oaxaca. Se puso en contacto con él para ofrecerle ayuda y consejo, éste no hizo caso y la alcaldía se perdió en la siguiente elección.

Otro problema para el PAN es que sus legisladores y gobernantes, una vez que ganan la elección, se olvidan del partido, a menos que lo necesiten para algo futuro. Para algunos gobernadores azules, el dirigente estatal es uno más de sus empleados, pues se ha denunciado que han colocado en esa posición a incondicionales.

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Complejidad jurídica

Otro aspecto tiene que ver con la dificultad de armar una denuncia, pues el delito de corrupción no existe como tal, a lo que se suma la incapacidad estructural de nuestras autoridades policiales y judiciales para investigarlo, así como a la falta de una cultura de la denuncia —precisamente por lo mencionado—, lo que asegura la impunidad.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción, firmada por México en 2003, existe la preocupación por extirpar acciones de funcionarios quienes aprovechan recursos del Estado para enriquecerse por medio de cohecho, nepotismo, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, evasión fiscal y lavado de activos, así como la flexibilización de trámites o el beneficio inmediato de transacciones entre particulares y el gobierno, o entre particulares. Se trata de varios ilícitos que deben ser probados con pruebas contundentes, como dicta el Estado de derecho, algo pocas veces visto en nuestro país.

En 2004, un video transmitido en televisión abierta, presentó a René Bejarano, diputado local en el DF por el PRD, metiendo en bolsas, dinero que le entregó el empresario Carlos Ahumada. Bejarano fue desaforado y acusado de cohecho, operación con recursos ilícitos y delito electoral. Tras poco más de un año en prisión, fue absuelto y sigue en actividades políticas, aunque no se pueda quitar la imagen de corrupto. Será, tal vez, el camino que recorra Edgar Borja, el caso más reciente.

El reto para los partidos —pues en todos se han dado ejemplos de corrupción— es titánico, por un lado deben establecer filtros para que no se incorporen a sus padrones personajes como los citados, además de permanecer vigilantes de la conducta de servidores públicos emanados de sus filas, y ser más creativos y arriesgados al momento en que estalle el escándalo, ya que el hecho de que no tengan instrumentos para detener o encarcelar a militantes corruptos no reduce su responsabilidad.

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Migajas

La división interna del PAN en Querétaro empieza a convertirse en una guerra sucia de baja intensidad —recordando al militante detenido por espionaje—, como lo demuestra estas breves notas:

1. En su columna de Excélsior, Enrique Aranda menciona las quejas de que Ricardo Anaya, presidente nacional interino del PAN, aprovechó las fechas decembrinas para ampliar su cacicazgo en la entidad.

2. Poco después, se difunde vía YouTube, una conversación entre Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes que varios medios interpretan como negociación de “moches”.

3. Un día después, El Universal publica una nota en la que da cuenta de que más de mil militantes analizan la posibilidad de impugnar la convocatoria para renovar la dirigencia estatal.

4. Para cerrar este episodio, el propio Ricardo Anaya tuvo que salir a aclarar que el audio difundido es un montaje en el que se editaron distintas conversaciones y ha sido usado por medios como Milenio en 2014.

Saque usted, estimado lector, sus propias conclusiones.

Publicado en la revista Indicador Político edición 37, 19 de enero de 2015.

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