¿Turno para Padrés?

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Las versiones son insistentes en el sentido de que en breve se podría ejercitar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías. De confirmarse las versiones, sería el primer mandatario estatal de extracción azul que enfrenta a la justicia por temas de corrupción, algo que –sin duda– presionará a la administración de Ricardo Anaya y a su zar anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena.


 

Aprensión

A fines de la semana pasada, antes del cierre de esta columna, las versiones anunciaban una inminente aprehensión de quien había sido el primer gobernador panista de Sonora –cuna del priismo– y exsenador, Guillermo Padrés Elías.

            Las luchas por ganar en las urnas de militantes como Salvador Rosas Magallón, que incluso enfrentaron fraudes, se vería recompensadas por el triunfo azul en 2009. Sin embargo, la felicidad fue breve ante el surgimiento de distintas acusaciones de irregularidades durante su gestión.

            La vocación patrimonialista y poco ética de una larga lista de funcionarios, que son señalados como parte de una red que lucraba con los cargos públicos ha derivado en una petición de una orden de aprehensión en contra del exmandatario. En medios se habla de un desfalco de 32 mil millones de pesos que involucra a 250 exfuncionarios, además de que ya están presos tres exintegrantes del gabinete de Padrés por extorsión, fraude y asociación delictuosa.

            Ni los señalamientos en contra de gobernadores panistas como Sergio Estrada Cajigal, de Morelos, o Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, o Patricio Patrón Laviada, de Yucatán, han llegado a la magnitud de las presentadas en contra de Padrés. De hecho, el caso más cercano es el del exmandatario hidrocálido, quien incluso fue expulsado del Partido y tuvo que pagar fianza para no ser encarcelado, aunque el TRIFE revirtió la decisión del partido, por lo que continúa como militante y sin cargos en su contra.

            Para el Partido, en el contexto de la promesa de luchar contra la corrupción al interior de Acción Nacional de Ricardo Anaya, el tema se ha convertido en foco de preocupación por varias razones: la lentitud para atender el tema por parte de la Comisión Anticorrupción de Luis Felipe Bravo Mena, una falta de interés derivado de los apoyos que distintos candidatos recibieron de operadores enviados por el exgobernador, además de la falta de pericia para hacer una defensa más efectiva de la imagen del Partido ante el embate que significa un militante en la cárcel –o en proceso de estarlo– en el marco de la creciente molestia ciudadana por la corrupción.

            En la percepción de los ciudadanos, el PAN está igual que el resto de los partidos, con ejemplos de corrupción como el de Margarita Arellanes, expresidenta municipal de Monterrey, quien también forma parte de los expedientes que analiza la comisión en contra de la corrupción panista, sin mencionar casos como el de los legisladores relacionados con casineros, los diputados acusados de pedir “moches” a municipios y otros más.

            La estrategia de defensa panista ha sido insistir que son más grave los casos que involucran a militantes de otros partidos, como el gobernador de Veraruz, Javier Duarte, o temas que involucran directamente al Presidente Enrique Peña Nieto, como es la Casa Blanca o el plagio de su tesis.

            En parte tienen razón, pero a manera de disculpa o para intentar minimizar el problema en el terreno azul, sirve de poco para una ciudadanía hastiada de actos de corrupción de la clase gobernante, que mira sin distingos a todos los políticos de todos los partidos.

            Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que si se procede en contra de Padrés, luego de que el PRI suspendió los derechos como militante de Javier Duarte, gobernador en funciones de Veracruz, algo que sin duda ayudaría a levantar en algo, mínimo si se quiere, la imagen de Peña Nieto para presentarse como dispuesto a terminar con la corrupción.

            Pero los caminos para hacer justicia en el caso de los gobernadores señalados por este tema son complejos. De entrada, Guillermo Padrés ya contrató a Antonio Lozano Gracia, militante panista y exprocurador general de la República, para su defensa, además de haber solicitado varios amparos. Asimismo, para el PAN representa un reto por no contar con facultades para investigar si las acusaciones son ciertas, por lo que tendrá que tomar decisiones luego de que se presenten tanto nuevos señalamientos como arrestos de militantes o juicios que demuestren su culpabilidad, con el consiguiente desgaste de la imagen del Partido.

            No cabe duda que el panismo entró en otra etapa de su historia, perdiendo uno de los valores que tanto presumía: el ejercicio de la ética en la función pública.

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Migajas

Continúan las dudas sobre el proyecto para depurar el padrón de militantes panistas, como expone en su columna Enrique Aranda.

            Y también se mantienen los trascendidos –a falta de una política clara de comunicación del Partido–, acerca de los problemas en el Estado de México para preparar el terreno para la elección del año entrante, en la cual se renovará la gubernatura.

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